Artículo de opinión

¿Un kit kat?

Coronavirus, covid19, vacuna sí, vacuna no,…

¡Tómate un respiro! rezaba el exitoso anuncio del producto.

Hastiado de las alabanzas y críticas al sistema sanitario, voy a hacer, ahora que mi estatus de jubilado me lo permite al disponer de más tiempo y no estar expuesto a represalias de índole económica, algunas reflexiones sobre la prepotencia y abuso de poder de la administración y la ineptitud y sumisión, rayanas con el “pelelismo”, valga el palabro, de la “justicia”.

Vamos, lo que viene siendo un análisis comparativo Sanidad vs Justicia.

La Tutela Judicial efectiva es un derecho constitucional con rango de Fundamental, consagrado en el artículo 24.1 de nuestra Carta Magna.

Por otra parte, el artículo 118 está redactado, en nuestra Constitución, en los siguientes términos:

“Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto”.

Pues bien; a los más de cuatro años de haber logrado una sentencia firme, firmeza reforzada por el rechazo de un “incidente de ejecución” interpuesto por el SAS, al intentar el que esto suscribe ejecutarla (cosa que no había hecho antes para evitar las antedichas represalias tanto laborales como económicas), me encontré con que desde el organismo administrativo que debía ejecutarla, al solicitar la ejecución en tiempo y forma, se me presiona, entregándome un documento en el que, según su interpretación, la ejecución de la sentencia firme conlleva una importante pérdida en mis emolumentos mensuales futuros y me reclama, por “cantidades abonadas indebidamente”, más del doble de la cantidad que la sentencia les obliga a pagarme, cosa que sólo se llevaría a efecto de continuar adelante con la citada ejecución.

Estupefacto, pero seguro de poseer toda la razón, seguí adelante con la misma tras nuevas presiones, esta vez verbales, llegando a decirme frases intimidatorias tales como:

-“Vamos a decirle al juez cómo la ejecutamos”.

-“Lo que usted pide lo abonamos. Le pasamos los 13 trienios a cantidad fija y le vamos a quitar la antigüedad estatutaria”.

-“En este caso lo haríamos sólo con el que ejecuta la sentencia”.

… La conversación completa no tiene desperdicio.

A pesar de todo, decido proseguir con el proceso y, esto es lo más grave, el mismo juez que dictó la sentencia, repito, firme, conculca mi derecho fundamental a la tutela judicial y basándose en un cambio de criterio, “posterior” a su fallo, del TSJA, aplica el famoso “donde dije digo, digo Diego”, dando por compensadas las cantidades que me correspondían, según su propia resolución, con todas las de la ¿ley?.

De hecho, en un caso absolutamente superponible, recurrido ante la misma sala del TSJA en fecha más reciente, el dictamen contiene frases literales tan lapidarias como:

-… “lo que supone una represalia por la sentencia favorable obtenida con evidente vulneración de la tutela judicial obtenida y conculcación de la garantía de indemnidad del trabajador”.

-… “la tutela judicial se ha vulnerado en esta ejecución de sentencia”… “son nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias que se dicten con finalidad de eludir su cumplimiento”.

Consultados prestigiosos abogados, alguno de ellos familiar mío directo, me instan a denunciar, por la vía pertinente, el escandaloso auto de ejecución pero, lo desmesurado de su coste, su lentitud en resolverse y mi experiencia previa con la “justicia” en la que nunca había conseguido ganar en primera instancia ninguno (éste era el primero) de los pleitos que luego se han resuelto a mi favor en apelación, tras años de padecer las consecuencias del fallo inicial, me ha hecho desistir.

Hace ya tiempo que mi confianza en la “justicia” pasó a mejor vida.

Cuento todo esto, como decía al principio, para romper una lanza a favor de nuestra controvertida Sanidad, puesta recientemente tantas veces en tela de juicio ya que, obviando a los caciques de determinadas parcelas administrativas que actúan como lo hacen, amparados por aberraciones judiciales como la que he relatado, es una maravilla, gracias a su inmensa mayoría de espléndidos profesionales, carentes en muchas ocasiones de medios, comparada con la lenta, sumisa e incompetente, con demasiada frecuencia, administración de, supuesta, justicia.

 

Por Enrique Bajo Herrera

Médico otorrinolaringólogo